Que No Solo te Asesore el Notario, Usa un Abogado

En México, como en otros países, para llevar a cabo ciertos actos jurídicos, es necesario contar con el apoyo de un notario. Si bien es cierto que – al menos en México – todos los notarios públicos son abogados, mi recomendación es que no solo te asesore el notario. Usa un abogado particular también.

Déjame te explico por qué…

¿Que dice la ley sobre el Notario?

Los notarios públicos son personas a las que los estados les otorgan la faculta de dar fe pública respecto de los hechos o actos jurídicos que los particulares les soliciten.

Adicionalmente, conforme a las diferentes leyes del notariado de cada estado mexicano, los notarios tienen la obligación de orientar y asesorar a sus clientes.

Por ejemplo, la Ley del Notariado de Nuevo León establece:

Artículo 83.- En el ejercicio de su función, el Notario orientará y explicará a los otorgantes y comparecientes, el valor y las consecuencias legales del acto o de los actos jurídicos que él vaya a autorizar. Fungirá como asesor de los comparecientes y expedirá los testimonios, copias o certificaciones a los interesados conforme lo establezcan las Leyes….

Como puedes darte cuenta, si bien el notario tiene la obligación de orientar y explicar y de asesorar a los comparecientes, también es una realidad que el notario debe ser imparcial (ya que la misma ley no le permite tomar partido).

Pensemos en un contrato de compraventa…

Pensemos en un contrato de compraventa de un inmueble donde el notario, para mantener su obligación de asesorar a las partes, redacta el contrato basándose en un “machote” donde los derechos y obligaciones contemplados son estándar.

Ahora pensemos que la operación en particular tiene ciertos matices que, por la razón que sea, las partes, tal vez inocentemente o por desconocimiento, omiten comentarle al notario.

Igualmente, el notario, asumiendo que la operación será normalita, no indaga respecto de la operación (máxime que en mucha ocasiones ni siquiera conoce a las partes).

¿Que sucede al final?

El contrato celebrado por las partes pudiera no apegarse a la realidad de la operación pretendida, dejándolas en un estado de inseguridad jurídica ya que, involuntariamente, el contrato no establece los pormenores de la verdadera voluntad de las partes.

Ahora imaginemos una operación más complicada, que tal, una compraventa a plazos, con reserva de posesión por parte del vendedor y con alguna condición suspensiva.

La labor del notario público es una labor importantísima e insustituible, de eso no hay duda; pero considero que en México debiéramos acostumbrarnos a que cada parte de un contrato (por sencillo que en principio pudiera parecer) tenga su propia asesoría jurídica ya que es la única forma de que cada parte se asegure (ya que casi siempre tendrán intereses encontrados) de que obtendrán una asesoría legal real (en contraposición de la asesoría imparcial que el notario debe dar).

Desafortunadamente, en México todavía el grueso de la población considera que los abogados particulares son caros y prescindibles (…y eso que generalmente el abogado mexicano no cobra como los abogados americanos, que cobran por hora y, los muy renombrados, entre USD $600 y USD $1000 por hora).

El problema viene cuando una operación jurídica que, de haber tenido una verdadera asesoría legal, pudiera haberse celebrado sin mayores contratiempos y sin representar, en el futuro, problemas para las partes, se termina llevando a cabo con la sola asesoría del notario (y en muchas ocasiones con la única asesoría de los empleados del notario) y, eventualmente, se presentan disputas donde las partes se dan cuenta (cuando requieren, ahora sí, la asesoría de un abogado litigante) que el contrato no estableció todos los pormenores que la operación requería o bien, que por usarse un machote de contrato, éste dice cosas que no son ciertas o que no fueron correctas al momento de la firma.

Que quede claro, no estoy diciendo que los notarios hagan mal su trabajo, lo que quiero decir es que para las partes de una operación jurídica, y sobre todo cuando la operación tiene cuestiones fuera de lo “normal”, bien puede convenirles asesorarse legalmente, cada uno con su propio abogado, que vele por los intereses de su propio cliente.

Recordemos que, en términos generales, cuando la operación se firma, el notario cobra sus honorarios y da seguimiento al asunto hasta su debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio (según sea el caso) y hasta ahí.

Es decir, el notario nunca va a representar o asesorar a las partes cuando haya un problema, disputa y mucho menos un litigio (ya que, por lo menos en Nuevo León, está impedido legalmente para hacerlo).

Un ejemplo real…

Resulta que una persona (llamémosle el “comprador”) decide comprar una casa para tenerla como inversión y poderla rentar.

Así, se pone a investigar y localiza un inmueble que le parece adecuado y habla con el dueño (llamémosle el “vendedor”).

Las partes se ponen de acuerdo también en el precio.

Ahora bien, el comprador le comenta al vendedor que la idea es que el precio se pague, una parte con dinero de su cuenta bancaria, otra parte mediante un crédito bancario y otra parte mediante un crédito gubernamental (prestación a favor del comprador por ser trabajador del Estado).

Las partes entonces van con el notario y le plantean la situación, el notario toma el asunto y empieza a preparar la escritura pública con la información del comprador, del vendedor, del inmueble, del banco y del crédito gubernamental.

Ahora bien, llega el día de la formalización de la operación y el contrato se firma sin problema alguno, tanto el comprador como el vendedor firman, así como también el representante del banco y el del crédito gubernamental.  El contrato se envía, para su inscripción, en el Registro Público de la Propiedad.  Hasta ahí, todo parece excelente.

A las cuantas semanas, el comprador me llama y me plantea la situación y me dice “… el problema es que el vendedor no se ha salido de la casa…”.

A partir de ahí le pido al comprador me permita ver la escritura de la compraventa y detecto lo siguiente:

a) La compraventa fue lisa y llana, es decir, el vendedor no se reservó ningún derecho sobre la propiedad (no se reservó la posesión por ningún motivo);

b) El vendedor se dio por pagado al 100% del precio de la compraventa;

c) El vendedor, en el papel, entregó la posesión del inmueble al comprador y este la recibió;

d) Al no establecerse reserva alguna de posesión por parte del vendedor, obviamente tampoco se estableció que, en caso de que el vendedor no hubiere desocupado el inmueble, tendría que pagarle renta al comprador.

También resulta que, al platicar con el comprador, me comenta que “…lo que pasa es que el vendedor no ha recibido todavía la parte del precio que viene del crédito gubernamental…”.

Obviamente yo le pregunto que cómo es eso, ya que en el contrato expresamente dice que el vendedor recibió, el día de la firma, el 100% del precio. Cosa que no fue cierto.

También le hago notar que el contrato no debió firmarse sin antes haberse cerciorado de que la casa estaba ya desocupada.

Pues resulta que, efectivamente, la parte del precio que viene del crédito otorgado por el gobierno al comprador aun no se le entrega al vendedor, entonces el vendedor “siente” (equivocadamente) que la compraventa aun no se lleva a cabo (aun y cuando el contrato ya se firmó).

Cabe mencionar que en el contrato se estableció una orden irrevocable de pago a favor del vendedor por la parte del precio que vendría del crédito de gobierno (es decir, el comprador tiene garantizado el pago).

Como puedes ver, el contrato de compraventa celebrado ante el notario estuvo mal hecho ya que no establece con claridad y precisión los términos y condiciones de la operación.

Incluso, en mi criterio, considerando el texto del contrato y lo que está sucediendo, el vendedor pudiera estar cometiendo hasta un delito al estar en posesión del inmueble del comprador sin el consentimiento de éste.

Otro ejemplo real…

Hace tiempo revisaba los documentos corporativos de una empresa mediana.

Es una empresa constituida en el 2002 que ha tenido diversas variaciones en cuanto a sus accionistas toda vez que la empresa se constituyó con 2 socios al 50%, después hubo una transmisión de acciones de uno a otro socio y posteriormente uno de los socios transmitió todas sus acciones, salvo una, al otro accionista y la acción solitaria fue adquirida por un tercero.

Esta empresa, también ha tenido algunos aumentos de capital social, una vez en cuanto al capital fijo y dos veces en cuanto al variable.

Ahora bien, algo hasta cierto punto fuera de lo común en las empresas mexicanas pequeñas y medianas, la sociedad a la que me refiero cuenta con todas las asambleas ordinarias anuales de accionistas correspondientes y varias extraordinarias (cambio de domicilio social y modificación a otra cláusula de sus estatutos).  Todas ellas realizadas con la asesoría de cierto notario público.

Los Errores en los Documentos:

Al revisar los documentos corporativos, me di cuenta de varios errores que, si bien son involuntarios seguramente, representan errores que, de una u otra forma, ponen a la empresa en incumplimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

a) En algunas asambleas, después del cambio de domicilio social, se siguió mencionando el primer domicilio de la sociedad;

b) En todas las asambleas ordinarias, en la lista de asistencia, al principio se decía “En la ciudad de “X”, Nuevo León, siendo las 8:00 horas del día….”, pero al final, sobre la firma del escrutador (persona que cuenta el número de acciones que se encuentran representadas en la asamblea) se puso “Ciudad de “Y”, Nuevo León”;

c) En una asamblea ordinaria posterior al primer aumento de capital social variable, se omitió contemplar dichas nuevas acciones de la “serie B” (las que generalmente representan al capital social variable), es decir, solo se mencionaron las acciones del capital social fijo;

d) En fecha posterior a la constitución de la empresa, se designó a un nuevo comisario pero dicho nuevo comisario tenia impedimento legal para fungir como tal, cosa que no se advirtió al momento del nombramiento y;

e) Diversas asambleas ordinarias de accionistas fueron protocolizadas ante el notario, cosa que, conforme a la ley, no es necesario (solo las asambleas extraordinarias deben protocolizarse).

Mi Opinión:

De lo anterior, puedo concluir que el notario en cuestión hizo un trabajo deficiente para la empresa que le pagó íntegramente sus honorarios.

Es más, considerando que algunas de las asambleas ordinarias de accionistas fueron protocolizadas, no dudo que haya hasta cobrado honorarios extras.

Como ya lo he dicho antes, estoy convencido que los notarios (o más bien, los empleados del notario) no cometen los errores en forma voluntaria, sino mas bien se dan en virtud de la carga de trabajo que generalmente tienen las notarías… pero ello tampoco es excusa.

¿Qué repercusiones pudieran tener estos errores?

Depende… si la empresa en cuestión es controlada por un solo accionista pudieran no habría repercusiones, pero pensemos en una empresa donde haya varios socios y llegaran a haber diferencias de criterio entre ellos (cosa que en muchas ocasiones sucede)… ahí si pudieran darse problemas toda vez que los errores contenidos en las actas de asamblea las vuelven anulables.

Reitero, como lo he hecho antes, mi recomendación es que cualquier aspecto legal de la empresa sea revisada por un abogado de confianza y, otra cosa, se vale cuestionar al notario, es decir, si al leer el proyecto de escritura, algo no se entiende o te das cuenta que está mal, díselo al notario para que lo corrija.

La Importancia del Tiempo, Modo y Lugar de las Obligaciones

Establecer claramente el tiempo, modo y lugar de las obligaciones es fundamental para que una obligación este bien redactada, definida y, además, sea ejecutable en caso de litigio.

Como lo he comentado anteriormente, una de las bondades de contar con contratos para documentar los negocios de la empresa es el hecho de poder hacer constar todo lo que las partes consideran necesario o conveniente respecto de la operación.

En la mayoría de los casos, cuando se cierra un negocio, una de las partes lleva a cabo una acción (vender, rentar, dar un servicio) y la otra paga por ello. Así, la manera en la que se establece la obligación de pagar resulta muy importante para las partes.

El tiempo, modo y lugar al redactar obligaciones

Para que una cláusula referente al pago (o cualquier otra obligación contractual) este redactada en forma adecuada es necesario que la misma contemple los siguientes puntos:

(a) cuando se cumple,

(b) como se cumple y

(c) donde se cumple.

En muchas ocasiones me ha tocado ver contratos donde la cláusula del pago está redactada en forma incompleta, es decir, es común que la gente se preocupe por el “cuando” pero no especifican el “como” ni el “donde”.

La falta de los elementos mencionados pudiera, en un caso extremo, ser trascendental en caso de litigio.

Vayamos por partes:

¿Cuándo se paga?

El pago de una prestación puede ser, en términos generales, al contado (es decir, precisamente al momento de recibir lo comprado, rentado o el servicio) o a plazo.

Cuando se pacta el pago al contado, es importante que el contrato mencione ese hecho y que, se establezca que el pago se recibe en el mismo acto de la celebración del contrato.

Por otro lado, cuando se pacta el pago a plazo(s), es muy importante que se establezcan en el contrato, las fechas de pago o bien, los parámetros para determinar dicha fecha (por ejemplo, “el pago se realizará dentro de los XXX días contados a partir de la fecha en la que la mercancía sea recibida por el comprador”).

Cabe mencionar que, si no hubiere estipulación respecto al tiempo de pago, éste solo será exigible previa interpelación judicial, mediante notario o con testigos.

¿Cómo se paga? 

Muchas veces se da por hecho el cómo se pagará una prestación, pero no hay que olvidar que el Código Civil permite diversas formas de pagar, entre las que se encuentra el dinero, la compensación de deudas, el pago en especie (dación en pago), entre otras.

Establecer claramente cómo debe pagarse es relevante por lo anterior.

Incluso, vale la pena establecer, por ejemplo, que el pago podrá realizarse en pesos o en dólares, en efectivo, con cheque o con cheque de caja o certificado, mediante transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, etc.

¿Dónde se paga?

El lugar de pago también es muy importante. Recordemos que le pago puede realizarse en el domicilio del comprador, del vendedor, o en lugar diverso.

Incluso, la regla general es que el pago se realizará en el domicilio del pagador o bien en el lugar donde se entregó la cosa vendida.

Por lo anterior, si se desea que el deudor pague en el domicilio del acreedor, así debe establecerse en el contrato.  Cabe decir que, aunque el pago se vaya a realizar mediante transferencia electrónica de fondos, vale la pena señalar un lugar para el pago físico.

Conclusión relativas al tiempo, modo y lugar

Establecer claramente el tiempo, modo y lugar del cumplimiento de las obligaciones contractuales (tanto de pago como de cualquier otro tipo) es de suma importancia para que la obligación consignada en el contrato sea ejecutable.

¿Es Válida la Cláusula de Rescisión Administrativa de un Contrato?

En esta ocasión quiero tocar un tema que siempre es de debate… el llamado “pacto comisorio expreso” o bien la cláusula de rescisión administrativa de un de contrato sin intervención de los tribunales.

¿Que ha dicho el Poder Judicial Federal?

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones, expresando que dicho pacto expreso entre las partes es válido.

Veamos algunos extractos de criterios:

a) “…la procedencia del pacto comisorio en los contratos bilaterales como una manifestación de la voluntad negocial de las partes que tiene por objeto la adquisición, por ellas, de una facultad potestativa de rescindir total o parcialmente el contrato en virtud del incumplimiento injusto de las obligaciones consignadas en el pacto, cuyo ejercicio produce, de pleno derecho, la rescisión del contrato, lo que no es contrario al principio que establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, puesto que al ser las partes las que pactan libremente la manera de resolverlo, no es preciso que la autoridad judicial determine la procedencia o improcedencia de la rescisión del contrato, en la inteligencia de que la oposición de la parte que incumple al reconocimiento del ilícito, podrá determinar la intervención judicial para el solo efecto de declarar la existencia o inexistencia del mismo…”,

b) “…es la manifestación de voluntad incluida en los contratos, cuyo efecto es producir la resolución del contrato automáticamente, de pleno derecho, en caso de incumplimiento por haberlo convenido así los contratantes, sin que deban intervenir los tribunales y sin que haya medio de retardar o impedir la resolución concediendo un nuevo plazo al deudor…”,

c) “…en materia de contratos, la voluntad de las partes es la ley suprema; además de que en los contratos civiles, cada uno se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, por lo que ambas partes pueden pactar libremente la manera de resolver el contrato, pues nuestro derecho no repugna ese pacto expreso…”,

d) “…las partes indudablemente tienen libertad para fijar expresamente los supuestos de extinción del contrato o, en otras palabras, de establecer condiciones resolutorias. De ahí que en los contratos pueda pactarse expresamente la cláusula resolutoria, para que el contrato se pueda dar por terminado automáticamente por el solo hecho del incumplimiento de una de las partes a lo que se obligó, es decir, por el hecho de que en la realidad se actualicen algunas de las causas convenidas como motivo de la rescisión, sin la intervención de los tribunales, por efecto del pacto comisorio expreso en donde se fijaron las bases para ello…”

Excepciones a la cláusula de rescisión administrativa

Ahora bien, hay que considerar que dicho pacto si tiene algunas excepciones o modalidades, entre las que podemos mencionar la siguiente, por ejemplo:

“…sin embargo, esa regla genérica no puede aplicarse en el caso de un contrato de compraventa con pacto comisorio, donde se da el incumplimiento de la obligación materia de la cláusula resolutoria pero no opera la reversión del inmueble a favor de la vendedora y la parte compradora continúa en el goce y disfrute del inmueble durante muchos años sin que se le perturbe en su posesión…”.

Conclusión

Por lo anterior, es de suma importancia que, en los contratos, las partes revisen minuciosamente la cláusula de rescisión administrativa del mismo, ya que de estar redactada en forma incorrecta, pudiera resultar ilegal e inoperante.

Se Vale “Netear” las Deudas Recíprocas

En diversas ocasiones me ha tocado intervenir en operaciones donde las partes quieren “netear” sus deudas recíprocas. Conforme a los Códigos Civiles mexicanos, la “compensación” es una forma válida para extinguir obligaciones.

¿Cuándo hay compensación de deudas?

La compensación, según la ley se da cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, siendo que el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

Ahora bien, para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas o exigibles y las que no lo fueren, solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados.

Ahora bien, se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse y se llama deuda exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho.

Finalmente, la compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas.

¿Que ha dicho el Poder Judicial sobre las Deudas Recíprocas?

Existen criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que establecen lo que debe entenderse por la compensación.

Según uno de dichos criterios, “la compensación no es otra cosa que un pago, aunque ficticio, en tanto que si bien el deudor no entrega la cosa debida, da en pago su propio derecho a la prestación que su acreedor le debía, y produce el efecto de extinguir las obligaciones a un tiempo, sin necesidad de desembolso”.

Además expresa que “la compensación consiste en pagar la deuda con el crédito y es equiparable a un doble pago, que extingue las obligaciones a cargo de ambas partes.

El hecho de que las deudas no sean de la misma cuantía y el que, por ese motivo, pueda haber excedente en favor de uno o de otro de los contratantes, no se traduce en la inoperancia de la compensación, pues sólo significa que la extinción de las obligaciones se produce hasta por el importe de las más pequeñas”.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que, aunque la regla general es que las partes pueden, libremente, pactar la figura de la compensación para liberarse total o parcialmente de sus obligaciones de pago, también es cierto que, conforme a la ley, no cualquier deuda es susceptible de compensarse.

Al respecto el Código Civil establece que la compensación no tendrá lugar

(a) si una de las partes la hubiere renunciado,

(b) si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación,

(c) si una de las deudas fuere por alimentos,

(d) si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia,

(e) si una de las deudas procede de salario mínimo,

(f) si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposiciones de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas,

(g) si la deuda fuere de cosa puesta en depósito y

(h) si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice.

Conclusión

De todo lo anterior podemos concluir que “netear” deudas se vale en derecho y es una forma efectiva de pagar deudas cuando los deudores y acreedores son recíprocos.  Además, al no haber movimiento de efectivo, resulta muy conveniente al no descapitalizar, aunque sea momentáneamente, a la empresa.

Finalmente, no dejo de mencionar que el intercambio de cheques no es, en realidad, una compensación, ya que cuando los deudores y acreedores recíprocos intercambian cheques, entonces lo que hay son dos pagos por separado que, aunque muy próximos en el tiempo, no implican la compensación.

¿Cuáles son las Reglas Generales de la Mora?

La razón de ser de los contratos, en general, es establecer los derechos y las obligaciones de las partes que firmaron el documento. Si tu eres el obligado a algo, es súper importante que conozcas cuáles son las reglas generales de la mora.

Tiempo, Modo y Lugar de las Obligaciones

Considerando que la voluntad de las partes es la ley suprema en cuanto a los contratos mercantiles y civiles (con algunas excepciones), es importancia que en el contrato se establezcan:

(a) El momento en que las obligaciones deben cumplirse;

(b) El modo y forma en que las obligaciones deben cumplirse y;

(c) El lugar donde las obligaciones deben cumplirse.

Veamos un criterio del Poder Judicial de la Federación

El Poder Judicial Federal mexicano ha establecido que la regla general es que el pago de una obligación debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa o lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.

Ahora bien, cuando no se pactó lugar de pago en el contrato respectivo ni lo contrario derive de la naturaleza de la obligación o de la ley, para que el deudor se constituya en mora debe ser requerido en su domicilio por el acreedor porque esto es una condición, requisito o elemento de la procedencia de la acción rescisoria.

Es decir, por regla general, no basta que estén señalados en el contrato los domicilios de las partes en que puedan ser notificadas para los efectos del cumplimiento del mismo porque el lugar de pago de las obligaciones debe pactarse de modo expreso.

En caso de no haber pacto expreso, opera la regla general en supletoriedad de la voluntad de las partes, para establecer que el lugar de pago es el domicilio del deudor, lo que arroja para el acreedor la carga de probar que previo a la presentación de la demanda requirió el pago al deudor para demostrar la mora y que la acción rescisoria sea procedente.

Conclusión

Como puedes ver, al no redactarse el contrato con sumo cuidado y cubriendo los aspectos mencionados en el apartado anterior, la mora del deudor no se tendrá por iniciada sino hasta que el acreedor le requiera al deudor en el domicilio de éste último.

Este requerimiento puede hacerse previo a la demanda que se presente o bien después de esta. Si el requerimiento se hace mediante un notario público o, incluso, con la ayuda de un notificador judicial, en este momento se tendrá al deudor en mora. La otra opción es que se presente la demanda judicial y, al momento de emplazar al deudor, se le requerirá el pago de lo debido.

Ojalá que este breve articulo te haya servicio para entender mejor las reglas generales de la mora aplicable al derecho en México.

 

¿Qué es la Cláusula de Competencia del Tribunal?

Una de las cláusulas “de cajón” en los contratos es la de la “competencia del tribunal”.  Esta cláusula es de suma importancia, aunque no esencial, en los documentos que consignan los acuerdos, derechos y obligaciones de las partes, ya que establece la voluntad éstas en cuanto al lugar en donde una controversia deberá dirimirse.

¿Qué dice la ley al respecto?

Al respecto, las leyes procesales de los diferentes estados de México establecen que “hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten”.

Igualmente, el Código de Comercio establece que “hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa”.

Un ejemplo…

Generalmente esto se redacta en términos similares a los siguientes:

Para el caso de controversia respecto al cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de primera instancia ubicados en [ciudad y estado], renunciado, desde ahora, al fuero que, por razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles”.

¿Para qué sirve?

Incluir una cláusula de este tipo en el contrato que se pretende celebrar, ya sea éste civil o mercantil, da certeza – voluntariamente acordada – a las partes respecto del lugar en donde la controversia tendría que litigarse, independientemente de las reglas generales establecidas en la ley aplicable.

Esto es conveniente ya que, en algunos casos, la regla general pudiera no ser la más cómoda para las partes.

También resulta conveniente establecer expresamente la jurisdicción cuando alguna de las partes del contrato pudiera estar en una posición de desventaja respecto de la otra parte, como cuando en un contrato de compraventa a plazo, la parte vendedora ya entregó la cosa al comprador pero el comprador no ha pagado todavía.

Así, sería recomendable que se establezca la jurisdicción que sea más cómoda para el vendedor, ya que es la parte que, en su caso, pudiera más fácilmente verse en una situación de incumplimiento por parte del comprador.

El Derecho Preventivo Vs. El Derecho Correctivo

Hoy quiero platicarte respecto de beneficios del derecho preventivo vs. el derecho correctivo.

Generalmente, cuando se piensa en los abogados, la imagen que viene a la mente es la de los litigantes.

Desgraciadamente, el litigio es una realidad de nuestra sociedad, algo que, aún cuando lo ideal sería que no lo hubiera en tanta cantidad, es ineludible en muchas ocasiones y son los abogados litigantes los que tienen la obligación de representar a sus clientes para defenderlos o bien para recuperar aquello que, por derecho, le corresponde a su cliente. Esto es el “derecho correctivo”.

Por otro lado, tenemos el “derecho preventivo”.

Este tipo de práctica jurídica es la que busca proteger los intereses del cliente antes de que haya conflicto.

Es decir, se busca preparar y documentar las transacciones, ya sean civiles, mercantiles o laborales, de tal forma que los derechos y obligaciones de las partes queden tan claras que no haya lugar a dudas y que busca establecer, previo a un incumplimiento, las consecuencias de éste de tal forma que, para las partes haya un elemento adicional que las conmine a no incumplirle a su contraparte.

Es mas barato prevenir que lamentar

Para un empresario es muy importante considerar que, sale mucho más barato prevenir que lamentar, ya que siempre será más económico contratar a un abogado para que prepare un contrato bien hecho, “con toda la mano”, que, eventualmente, contratar a un abogado que litigue, en la vía que corresponda, para obtener, el cumplimiento de las obligaciones incumplidas o bien el pago de los daños y perjuicios causados.

También, siempre será más económico contar con el respaldo de un abogado que, previo a que el problema se vuelva inminente y se convierta en una crisis evalúe, mediante una auditoria legal, ya sea de la empresa en su conjunto o bien de cierta operación específica, los riesgos que el cliente este corriendo, los cuales en algunos casos serán salvables.

Por lo anterior ampliamente te recomiendo que aproveches las bondades del derecho preventivo para que tus operaciones, sean éstas chicas, grandes, cotidianas o extraordinarias, se encuentren siempre bien armadas, bien documentadas y bien protegidas.

¿Por Qué Es Importante Contar con Contratos?

Si te digo que es importante contar con contratos, de seguro me darás la razón. El problema en ocasiones es que los negocios hoy en día se mueven rápido, muy rápido… por eso muchas veces el empresario “no tiene tiempo” para detenerse a negociar un contrato.

Es cierto que, por lo general, los negocios se hacen de buena fe, pensando en cumplir lo negociado y en que ambas partes logren un provecho y un lucro pero…

¿Qué pasa cuando esa buena fe es traicionada o bien cuando, aún con la buena fe, alguna de las partes no cumple con su parte del acuerdo?

¿Qué pasa con las cosas que las partes tal vez platicaron en alguna ocasión pero no quedaron por escrito?

¿Qué es un contrato en México?

Los contratos son los acuerdos de voluntades que producen o transfieren derechos y/u obligaciones.

Los convenios son los acuerdos de voluntades que crean, transfieren, modifican o extinguen derechos y/u obligaciones.

Los contratos y convenios en México, dependiendo de su objeto, pueden ser regidos por el Código Civil o bien por el Código de Comercio.  Los contratos o convenios pueden ser verbales o escritos (salvo en algunos casos que la ley requiere que sean por escrito).

Contrato verbal vs. contrato por escrito

Ahora bien, lo acordado en un contrato verbal es difícil de probar mientras que lo acordado en un contrato por escrito da certeza de lo que se quiso contratar, es decir, de la voluntad de las partes.

Ahora, por otro lado, no solo es necesario, para la seguridad jurídica de los contratantes, que el contrato esté por escrito, sino que también es de suma importancia que el contrato este bien redactado, que el contrato realmente exponga y haga constar la voluntad de las partes; que el texto diga lo que los contratantes quieren decir.

La lengua, ya sea el español, el inglés o cualquier otro idioma, cuenta con muchas palabras que pueden ser interpretadas de diferente forma y es por eso que es importante que los acuerdos de voluntades sean redactados de manera clara, concisa y ¿quién mejor que un abogado para llevar al papel dichos acuerdos?

El diablo esta en los detalles

También es importante que consideres que, en muchas ocasiones, es al momento de querer plasmar en papel un negocio es cuando aparecen esos detalles que, originalmente no se habían contemplado pero que, una vez hecha la reflexión, pueden llegar a ser trascendentales para el negocio pretendido.

Pensemos que se va a comprar X cantidad de componentes para la manufactura algún producto.

Si la negociación se hace únicamente en forma verbal, tal vez nunca se toquen los temas de las garantías de lo comprado y de la responsabilidad económica del vendedor frente al comprador en caso de que lo comprado fuera defectuoso.

Las partes, en el papel, pueden establecer claramente los escenarios de responsabilidad.

Es cierto que la ley establece diversos criterios y reglas para la responsabilidad en caso de incumplimiento de contrato pero hay que estar conscientes que dichas reglas generales bien pueden ser “hechas a la medida del negocio específico” de que se trate, aumentando la seguridad jurídica de los contratantes.

Pensemos ahora en el incumplimiento de pago.

La ley establece que el “interés legal” es del 6% anual; dicha tasa está apenas por encima de la inflación (a veces) por lo que, para un deudor, tal vez no resulta una verdadera amenaza pagar el 6% anual por una deuda no pagada en tiempo y forma.

¿Qué tal si en el contrato se establece el pago del 4% mensual calculado de manera diaria, desde la fecha en al que el pago debió realizarse y hasta la fecha en la que el pago efectivamente se realice, como intereses moratorios?

Definitivamente para un deudor dicho interés moratorio si es de consideración.

Los abogados son muy rolleros…

Hablemos de otra realidad…. “los abogados son muy rolleros“… esto lo he escuchado ya en muchas ocasiones y si, estoy de acuerdo, pero también es importante que quien va a contratar algo tome en cuenta que, el “rollo” bien redactado por ese abogado, será el que lo proteja y el que delimite sus derechos y obligaciones.

Pensemos en un contrato verbal donde nunca se habló de que una de las partes debería asegurar una mercancía o una propiedad.

Definitivamente el contrato por escrito y la cláusula respectiva establecería si hay o no obligación de contratar un seguro, por qué monto, durante cuanto tiempo, qué requisitos aplican para la cancelación del seguro, quien es el beneficiario del mismo, etc.  Tal vez ese costo adicional, el del seguro, sea la diferencia entre un negocio rentable o no.

En fin, estas son solo unas cuantas ideas de porque es importante y aconsejable que los acuerdos de voluntades estén debidamente documentados.