Licitaciones Públicas, Principios Fundamentales.

Hola, en esta oportunidad quiero tocar brevemente el tema de las licitaciones públicas.  Como sabemos, las licitaciones públicas son los procedimientos mediante los cuales los gobiernos federal, estatal o municipal, de acuerdo con sus leyes aplicables, convocan a los interesados para la contratación de servicios o para la compra de productos.  Estos procedimientos de contratación, al ser una actividad del Estado, están condicionados al respeto de las leyes respectivas que, en el ámbito federal son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos. Ahora, no hay que perder de vista que, cada estado de la república cuenta con sus propias leyes relativas a sus contrataciones.

 

Por su parte, el Poder Judicial Federal ha emitido diversos criterios relacionados con las licitaciones públicas y, entre lo más relevante podemos mencionar que:

 

a)     “De acuerdo a lo que establece el artículo 134 constitucional, la celebración de los contratos de obra pública, está precedida de un procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal para la formación del acuerdo contractual, servirá para seleccionar a su contraparte. A dicho procedimiento se le denomina “licitación”, pues  a través de él, la administración pública (federal, estatal o municipal), elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, para celebrar un contrato determinado y, para ello hace un llamado a los particulares de manera impersonal o personal, para que formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la contratación…”

 

b)     “…Las bases o pliego de condiciones constituyen un conjunto de cláusulas preparadas unilateralmente por la administración pública, destinadas tanto a la formulación del contrato a celebrar como a su ejecución, ya que detallan en forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica y los derechos y obligaciones de las partes, es decir, incluyen por un lado condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y económico, las cuales se traducen en verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias en cuanto a que regulan el procedimiento licitatorio en sí, y por otro lado, incluyen cláusulas especiales que constituyen disposiciones específicas, de naturaleza contractual, relativas a los derechos y obligaciones del convocante, oferentes y adjudicatarios…”

 

c)     “El procedimiento administrativo de licitación pública, en su desarrollo cronológico, constituye una concatenación de actos desplegados en las siguientes etapas: I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través de un fallo y su notificación al interesado…”,

 

d)     “El procedimiento administrativo de licitación se rige por los siguientes principios esenciales: 1) Concurrencia, que asegura a la administración pública la participación de un mayor número de ofertas, lo cual permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras; 2) Igualdad, que es la posición que guardan los oferentes frente a la administración, así como la posición de cada uno de ellos frente a los demás; 3) Publicidad, que implica la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; y, 4) Oposición o contradicción, que deriva del principio de debido proceso que implica la intervención de los interesados en las discusiones de controversia de intereses de dos o más particulares, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y, a su vez, para defender la propia”,

 

e)      “…la inconformidad prevista… constituye un recurso en sede administrativa y no simplemente una denuncia de hechos…”

 

Dicho lo anterior, queda claro que, para los participantes en una licitación pública, el respeto al procedimiento de acuerdo a la ley aplicable y, en especial, a las bases de la licitación, son fundamentales para que el contrato que se llegue a firmar este apegado a derecho.  Por esto es de suma importancia revisar cuidadosamente tanto las bases de la licitación como la consecución del procedimiento mismo para que, en caso de detectarse anomalías, los licitantes afectados puedan promover oportunamente los medios de defensa procedentes, buscando la legalidad del procedimiento.

 

Como siempre, quedo en espera de cualquier comentario o duda al respecto…saludos.

 

Jorge Mafud.

2 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *